CONGRESO PERUANO APRUEBA LEY INCONSTITUCIONAL

Ex-Presidente Toledo OBSERVO el Proyecto de Ley para Chan

Ley Inconstitucional por las siguientes razones:

La Resolución Suprema 025 de 1952, aprobó los planos en un área de 471 hectáreas y  abarco todos los restos arqueológicos que pudieran en un futuro ser restaurados de acuerdo con criterios rigurosos de expertos arqueólogos nacionales e internacionales.

Al mismo tiempo, invadió una parte de  terrenos agrícolas del Señor Leopoldo Cerna Rosado, dueño del Fundo la Esperanza, que la Corte Suprema de Justicia del Perú resolvió sentenciando al Estado Peruano a "abstenerse de nuevas perturbaciones en la zona El Lanchón y al pago de daños y perjuicios... (25 Octubre de 1955).

Posteriormente, mediante Resolución Suprema N° 0518-67-ED, con un mejor criterio técnico y científico, se delimita e intangibiliza el área total de la zona arqueológica Chan Chan que comprende un área de 1,414 hectáreas.

Mentira, no hubo ningún criterio técnico ni científico, como si lo hubo en el año 1952 con Don Richard Shaedel y Don Eulogio Garrido.

Dicha zona intangible de Chan Chan, ha sido inscrita como propiedad del Estado Peruano en la Oficina de Registros Públicos de La Libertad, en el Tomo 483, Asiento 1, Partida XXXVII, el 15 de mayo de 1985.

Esta inscripción es cierta , pero es ilegal,  toda vez que ya las tierras tenían dueño con mucha anterioridad. Uno de los fundos invadidos por el INC esta inscrito en el Archivo Regional de La Libertad cuando aún se llamaba Terranova, folio 133, número 98 año 1870 ver historia del  Fundo Santa Maria

Chan Chan, ha sufrido, con mayor intensidad a partir de los años sesenta, las consecuencias de una negativa expansión y crecimiento urbano y agropecuario, lo que ha generado la destrucción de muchos de los restos arquitectónicos localizados en la periferia del sitio, reduciendo su extensivo territorio urbano marginal.  

Esto es rigurosamente falso y se puede comprobar in situ, las únicas casas que existieron y existen son las de los agricultores que siguiendo la tradición milenaria han sembrado las tierras desde tiempos muy remotos  seria irracional destruir nuestras raíces como se pretende acusar en este proyecto de Ley. 

Lamentablemente, personas jurídicas privadas y el Ministerio de Agricultura, a través de la Oficina de Reforma Agraria otorgaron tierras y títulos de propiedad a pequeños agricultores en la zona intangible de Chan Chan reconocida como tal por la R.S. N° 0518-67-ED.  

Los títulos de propiedad o certificados de posesión de los campesinos fue un mandato de la  Ley de Reforma Agraria y se hizo luego que el Estado expropiara el fundo Santa Maria Ver Decreto Supremo 263-A

Ante estos hechos, se autorizó al Fiscal de la provincia de Trujillo para que judicialmente proceda al desalojo; y el Ministerio de Educación a través de su Procurador interpuso ejecución coactiva contra 220 invasores que ocupaban ilegalmente la zona intangible de Chan Chan.

Los campesinos nunca fueron desalojados, solo fueron demolidas sus siembras, sus casas y sus acequias así como las compuertas del gran canal La Mochica. Hoy día se ventila en la Corte de Justicia un juicio por daños y perjuicios contra el Estado Peruano. 

La ejecución coactiva , fue un acto de prevaricación y un abuso de autoridad porque sabiendo que había títulos de propiedad  no se respetaron. 

Señores congresistas, demandamos investiguen estos hechos y sancionen a quienes apoyándose en la dictadura fujimorista cometieron violaciones a los Derechos Humanos y a la  ; por ejemplo a la Directora del IRC La Libertad Ana María Hoyle, al ex procurador José Víctor Alberto Armas Blengeri, al ex Ministro Educación Domingo Palermo, a la actual directora del INC Elena Córdoba, al alcalde de Trujillo José Murgia quienes ahora le echan la culpa a Fujimori en un acto de cinismo vergonzoso, muchos de ellos siguen en sus puestos como si nada hubiera pasado cuando han sido lacayos de la dictadura.

Concluida la ejecución coactiva, se les otorgó a los agricultores de la zona intangible de Chan Chan, un plazo excepcional de dos meses para que cosechen sus siembras y luego procedan a desalojar dicha zona intangible; levantando para ello actas de compromisos individuales, lo que posibilitó que los agricultores reabrieron las acequias clausuradas.

Ningún campesino firmó acta alguna de compromiso, pues son propietarios o posesionarios por Reforma Agraria; firmar un acta de compromiso hubiera significado abandonar su lucha contra  las injusticias pedimos que muestren, por ejemplo, lo firmado por un solo campesino.

Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, dichos agricultores no cumplieron con sus compromisos y a pesar de las reclamaciones ante el sector Agricultura, la Oficina Distrital de Riego Moche - Virú, ha continuado brindándoles servicios de agua hasta la fecha, en abierto desafío a la autoridad de la Procuraduría del Ministerio de Educación, y contraviniendo incluso ordenes dadas por el Viceministro de Agricultura; lo que favorece la indebida permanencia de quienes se comprometieron y debieron dejar la zona intangible.  

No  hay ninguna orden judicial hasta la fecha para cortar el servicio de agua a los campesinos pues sus títulos y su licencia de aguas le dan todo el derecho para seguir cultivando.

Lo que si hay,  es abuso de autoridad que incurre del INC (Ana Maria Hoyle) con sus cartas amenazadoras cada vez que hay cambios en la Dirección Regional Agraria- La Libertad, por tanto no hay ni ha habido ningún desafío a la autoridad.

A esto se suma, las interferencias del sector Agricultura, con el empadronamiento inconsulto efectuado por el PETT, con el propósito de titular tierras dentro de la zona intangible de Chan Chan, con el agravante de que el empadronamiento a alcanzado a personas que nunca estuvieron dentro de la zona intangible, hechos que han motivado falsas expectativas y propiciaron el ingreso y reingreso de invasores -agricultores y no agricultores- a la zona intangible, reocupando zonas recuperadas en los procesos coactivos.

La Comisión Multisectorial de Alto Nivel designada a fin de proponer la solución definitiva a la ocupación ilegal de Chan Chan; ha emitido su informe final, y esta pendiente de evaluación y aprobación por las autoridades del Gobierno Central.  

Esta es la segunda Comisión de Alto Nivel, la primera de 1988 reconoce los títulos de propiedad y da una serie de recomendaciones incluyendo viviendas y terrenos de agricultura.

En el gobierno de Fujimori se ordenó la destrucción y expulsión total, luego de reclamos internacionales Fujimori se ve obligado a formar esta última  comisión Multisectorial de Alto Nivel.

Mientras tanto el INC, el diario La Industria de Trujillo y El Comercio de Lima  continúan negando nuestros títulos de propiedad y acusando a los posesionarios legales de invasores.

Al conocerse el contenido del informe final de la referida Comisión, se ha acentuado y agudizado de manera alarmante el problema de la ocupación de Chan Chan.

El desarrollo de actividades agrícolas u otras dentro del ámbito arqueológico de Chan Chan, significa la constante e irreversible destrucción de las estructuras arqueológicas de adobe, su contexto histórico cultural y en consecuencia, la pérdida irreparable de parte de la historia de un destacado lugar arqueológico del antiguo Perú.  

En realidad las actividades agrícolas no tocan ningún muro arqueológico, sino, hay intereses creados en busca de apoderarse de las tierras agrícolas para edificar, por ejemplo, remitimos informarse de lo que ha pasado en la Huaca La Esmeralda  y Las Conchas en donde sus áreas de reserva hoy están totalmente urbanizadas con permisos del INC-La Libertad.

Chan Chan, ha sido declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad; y ha recomendado al Gobierno del Perú la implementación del "Plan Maestro de Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan", el mismo que fue aprobado por Decreto Supremo N° 003-2000-ED del 3 de enero del 2000.  

En carta con fecha 23 Enero 1998, el  presidente  del Patrimonio Mundial Francesco Francioni  dice que el problema es de  carácter soberano, ellos no obligan a los gobiernos a expulsar campesinos violando los Derechos Humanos y que en este caso concreto la reducción del área inscrita como patrimonio mundial debe hacerla el Estado y en donde ellos no tienen nada que hacer. La UNESCO no obliga a ningún gobierno porque los Estados son soberanos.